Los sindicatos y organizaciones sociales que conforman la plataforma Gune han señalado que la multa de 30 millones de euros impuesta por la Tribunal de Justicia de la Uniòn Europea deben de pagarla las empresas y no los trabajadores y trabajadoras con más recortes sociales.
Hace mucho tiempo que las haciendas vienen utilizando su capacidad normativa en materia de impuestos directos para conceder un tratamiento fiscal privilegiado a los beneficios empresariales, reduciendo los tipos impositivos y aprobando innumerables deducciones e incentivos fiscales.
Este tipo de medidas forman parte de una pretendida competencia fiscal cuyos efectos son más que dudosos, por no decir nulos, para atraer la localización de empresas e inversiones. A pesar de ello, estas prácticas se han extendido por toda Europa (contribuyendo de esta forma a anular entre sí las supuestas ventajas competitivas); como consecuencia de ello, la aportación de las empresas con beneficios al sostenimiento del gasto público ha disminuido notablemente, erosionando asimismo la equidad del sistema tributario.
No obstante, esta estrategia ha sido aplicada con especial desenfreno por las haciendas vascas, y así se explica que la recaudación por el Impuesto de Sociedades en nuestros territorios esté muy por debajo de la media europea, y sea incluso inferior a la recaudación española.
Las vacaciones fiscales constituyen uno de los ejemplos más gráficos de la política fiscal desplegada por las haciendas forales en esta dirección: otorgaron sustanciosas ayudas fiscales incompatibles con el mercado común, mantuvieron una actitud obstruccionista frente a la reclamación de las autoridades comunitarias para aclarar los detalles que rodearon la concesión de estos incentivos ilegales, y adoptaron una estrategia dilatoria e irresponsable a la hora de recuperar las ayudas.
El último capítulo de este largo contencioso, que dura ya dos décadas, ha caído sobre nuestras espaldas en forma de multa millonaria. Y se produce además en un momento especialmente delicado desde el punto de vista presupuestario, caracterizado por los continuos recortes en materia de gastos sociales y servicios públicos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado con 30 millones de euros la temeridad y mala fe demostrada por las haciendas vascongadas, así como la de los partidos que las gobernaban, que, primero diseñaron normas fiscales para favorecer los intereses de unos pocos, y después se plegaron a las demandas de Confebask para desatender el mandato europeo de devolver las ayudas.
Este es el paradigma más claro de una política fiscal impuesta a las órdenes del poder económico, para proteger sus intereses y perjudicar al resto de contribuyentes, es decir, a la mayoría social que acabará pagando los nocivos efectos de una política fiscal injusta y regresiva.
En todo caso, las vacaciones fiscales no son un asunto aislado, sino que forman parte de una orientación conservadora y regresiva en materia tributaria, una política fiscal que es preciso reformar de abajo a arriba para ponerla al servicio de los intereses generales y de las necesidades sociales.
